miércoles, 20 de enero de 2016

Las aulas o la cárcel es el futuro de estudiantes criminalizados en Honduras*


El movimiento estudiantil, en una lucha frontal contra el silencio, reciben este año que recién inicia con desesperanza, ya que cuatro estudiantes en la capital hondureña Tegucigalpa, enfrentan un injusto proceso penal por el hecho de expresar su descontento ante la gestión de sus autoridades impuestas por el partido de gobierno
Muestras de solidaridad con el estudiantado en lucha como este cartel, fue una forma de romper el silencio impuesto desde las autoridades en la máxima casa de estudios

Este año 2016 comienza a caminar y cuatro jóvenes universitarios siguen siendo blanco fácil del aparato represor de la la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien lejos de rectorar la educación superior en el país, por mandato constitucional, se enfrenta con ellos en una guerra abierta en donde sus autoridades quieren dejar el precedente de “quien manda aquí soy yo”.
Mientras que afuera de sus muros, el aparato de justicia hondureño prolonga las diferentes acciones que presenta un grupo de abogados que han tomado el caso producto del impacto negativo que genera la violación de expresar sus opiniones e ideas en espacios públicos y de incidencia nacional.
Ante esto la Abogada de la iniciativa Periodismo y Democracia e integrante del equipo de defensa de los jóvenes Kenia Oliva aseguró que las acciones de parte de la justicia en el país alargarán este proceso para que genere miedo en el resto de los compañeros y compañeras de los universitarios.
“Aunque exista una mora judicial, que es lo que alega los jueces, en el caso de los estudiantes ocurre algo muy particular. Para resolver un recurso de apelación se tardaron más de un mes para subirlo a la Corte de Apelaciones, pero para dictar la sentencia en contra del cuarto acusado (Armando Velásquez) fue prácticamente inmediata su resolución”, comentó la Abogada.
Agregó además que los jueces y las juezas están aplicando una especie de “limbo jurídico”, en donde ellos, al tener sus expedientes en su poder deciden retenerlos en su despacho y al realizar una acción como de revisar medidas, no van a conocer la audiencia aún y cundo dichos expedientes se encuentre en sus despachos. “Hay que denunciarlo porque esto ocurre”, dijo.
Mientras tanto, un informe sobre la situación de derechos humanos en el país en un periodo comprendido entre septiembre de 2014 a noviembre de 2015, elaborado por la No Gubernamental Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) muestra la preocupación ante el contexto de “estigmatización, hostigamiento, persecusión y criminalización contra los miembros de la comunidad estudiantil en la UNAH”.
Agrega que en el marco de las protestas realizadas a mitad del año anterior, algunas autoridades universitarias declararon ante medios de comunicación que los jóvenes en protestas son malos estudiantes y que por esta razón no les afecta perder un periodo académico”, con la pretensión de generar temor e inconformidad en el resto del estudiantado.
Doce meses de continua persecución
Un año y 19 días hasta han transcurrido desde que las autoridades de la máxima casa de estudios en nuestro país, inició un proceso de persecución en contra de los y las estudiantes el cual desembocó en la expulsión, en diciembre de 2014 de seis jóvenes en Tegucigalpa y 10 en el Valle de Sula.
Mientras los pasillos de la universidad pública más grande en Honduras se empapaban de silencio y autoritarismo de parte de sus autoridades rectoras, encabezadas por Julieta Castellanos, un grupo de estudiantes, organizados en alrededor de 20 asociaciones de carreras constituidas en Tegucigalpa, así como quienes integran el Movimiento Amplio Universitario (MAU) y el Movimiento Estudiantil Revolucionario “Lorenzo Zelaya” (MER-LZ) en la Universidad del Valle de Sula (UNAH-VS).
La crisis en contra del sector estudiantil se agudizó hasta el mes de julio del año 2015, cuando la aprobación de una tabla que modifica las unidades valorativas no fue consultada y las diferentes restricciones que arrastraban en sus procesos de organización y participación en la toma de decisiones del alma mater, hizo que se realizaran acciones de protesta durante la semana del 13 al 19 del mes y año antes citados.
Estas acciones contaron con el respaldo del estudiantado de la UNAH a nivel nacional, con la excepción del Centro Universitario de la ciudad de Juticalpa, Olancho y el Centro Técnico de Danlí, El Paraíso, y producto de este respaldo comenzó una serie de acciones penales en contra de representantes de los movimientos estudiantiles y terminó con mas de 20 requerimientos fiscales.
En San Pedro Sula fueron judicializados: Saira Rodrigues Sanchez, Consuelo Melara, Jose Daniel Morales, Edwin Daniel Molina, Heydi Dariela Paz, José Luis Peña, Marcio Lenin Mondragón, Jennifer Nicole Rodríguez, Marco Tulio Rubí Callejas, Saul Ovet Alejandro Córdova, Hugo Armando Lemus y Mario Roberto Orellana.
Se les dictó en audiencia de declaración de imputado medidas sustitutivas contrarias a la prisión y las medidas aplicadas fueron el no salir del país, presentarse a firmar dos veces por semana a firmar en los juzgados y lo más grave, la prohibición de acercarse a la sede de la UNAH en la ciudad industrial.
Posteriormente, la parte defensora de los estudiantes presentó un recurso de apelación a estas disposiciones y lograron en el mes de agosto de 2015 que se les dictara un sobreseimiento definitivo. Actualmente la parte acusadora presento un recurso de apelación que está pendiente de resolverse.
En el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), de la ciudad de La Ceiba los imputados fueron: Eduardo Antonio Bardales Cardona, Raisa Talina Barrios Loreto, Bryan Ricardo Niño Hernández y Edgardo José Salgado Moncada. El 17 de agosto de 2015 se les dictó sobreseimiento definitivo por el delito de usurpación.
En el calor y la represión de la ciudad de Choluteca, al sur del país, en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) fueron puestos ante los juzgados los y las estudiantes: Norberto Cardona, Juan Carlos Montalván y Tatiana Hernández Quintana, a quienes después de una larga espera, producto de la realización al posponerse en una ocasión la celebración de la audiencia, los tres fueron sobreseidos definitivamente de la causa imputada.
Sin embargo en diferentes actividades públicas dentro de los recintos universitarios en aquella ciudad del sur, los y las estudiantes, quienes pertenecen al Movimiento Amplio Universitario (MAU-CURLP) continúan siendo objeto de intimidación. Específicamente a la hora de nombrar la plaza de ese Centro universitario con el nombre del defensor de derechos humanos y dirigente sindical Héctor Martínez Motiño, asesinado en el mes de junio de 2015.
El objetivo era silenciar Ciudad Universitaria
Luego de este tránsito de acusaciones penales en las principales ciudades hondureñas, es el Tegucigalpa, capital política en donde cuatro estudiantes continúan enfrentado la justicia ágil a la hora de efectuar acciones en  contra del derecho a la protesta social y a la libre expresión.
Los días martes, jueves y viernes de cada semana, continúan siendo los más importantes para los jóvenes quienes tienen que presentarse a firmar el libro en el juzgado correspondiente que acredite que continúan sometiéndose a un proceso viciado e injusto, en el cual se les dictó un auto de formal procesamiento con medidas contrarias a la prisión. Acá sus casos:
Moisés David Cáceres: Estudiante de la carrera de Sociología. Forma parte del grupo de 16 expulsados a nivel nacional en diciembre de 2014 y reintegrado en enero de 2015 luego de la admisión de un recurso de amparo con suspensión del acto. Acusado del delito de usurpación en perjuicio de la UNAH el 15 de julio del año anterior. Al momento de ejecutar el requerimiento fiscal en su contra ilegalmente se procedió a efectuar una orden de captura en su contra, misma que fue contrarrestada a tiempo gracias a su apoderada legal. Se presenta a firmar los días martes de cada semana. Ha sido objeto de obstaculizaciones a la hora de realizar su práctica profesional, al punto que la rectora Castellanos envió un correo electrónico a todas las unidades académicas argumentando el cómo era posible que un estudiante que está en contra de la UNAH esta le abra sus puertas para que realice su práctica, en ese momento estaba en la Dirección de Vinculación UNAH-Sociedad. Tuvo que retirarse y se encuentra ejerciéndola en otra dependencia fuera de la Universidad.
Sergio Luis Ulloa: Estudiante de Trabajo Social. Ex presidente de la respectiva Asociación de Estudiantes y milita en el Movimiento Amplio Universitario (MAU). Formó parte del grupo de los 16 estudiantes expulsados en 2014 y reintegrados en enero de 2015. Mientras se presenta a firmar, los días viernes de cada semana es objeto de frases estigmatizantes por parte de los miembros de la seguridad de los juzgados capitalinos a raíz de su forma de vestir.
Cesario Padilla: Egresado de la Escuela de Periodismo en la UNAH. Formó parte, al igual que Moises y Sergio de los 16 expulsados a nivel nacional, y reintegrados a nivel nacional. Ha sido objeto de campañas de desprestigio tanto en el alma mater como en diferentes espacios en medios de comunicación por ser hijo de ex dirigente sindical y docente universitario por más de 20 años. Se presenta los días viernes a firmar en lo que continua el juicio.
Armando Velásquez: Estudiante de Matemáticas, militante del Movimiento Amplio Universitario (MAU). Acusado del delito de usurpación luego de una protesta realizada el 28 de julio de 2015 en el edificio administrativo de la UNAH en Tegucigalpa. Un testimonio del Jefe de la seguridad, Roger Aguilar, el cual asegura que lo reconoció como uno de los líderes por su voz lo tiene enfrentando este proceso. El pasado 10 de noviembre le fue dictado auto de formal procesamiento al igual que sus tres compañeros. Se presenta a formar los días jueves de cada semana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario